El Gobierno comenzará a transitar desde este martes el sendero de “corrección” fiscal que planteó el ministro de Economía Sergio Massa como una de sus prioridades de agenda en el Palacio de Hacienda. Para eso, reunirá a representantes de todos los ministerios para pasar en limpio cuáles serán los topes de gasto para este año y empezar a perfilar las reducidas posibilidades presupuestarias que tendrán en lo que resta del año.

La idea que sobrevuela el equipo económico es que todas las áreas del Estado tendrán que cumplir un techo de gasto sobre el cual no habrá margen de acción. Es una de las decisiones que tomó Massa para concretar una desaceleración del ritmo de erogaciones que sea de tal magnitud que le permita ajustarse a la meta de reducción de déficit incluida en el acuerdo con el FMI.

Se trata de la meta equivalente a 2,5% del PBI, que estableció Martín Guzmán en acuerdo con el Fondo Monetario y que ni Silvina Batakis en su breve paso por Hacienda ni Sergio Massa buscaron rediscutir. El problema, señalan en los despachos oficiales, es que los primeros siete meses del año mostraron un ritmo de gasto tan acelerado que, de mantenerse en los carriles actuales, el sector público quedaría lejos de ese 2,5% acordado y estaría más cerca de 3,2% del Producto.

De esta manera, Massa necesitará una señal fiscal contundente para darle a entender al mercado y al organismo que apuntará a alcanzar ese objetivo. Para eso mencionó algunas decisiones como la puesta en marcha de topes de gasto para el sector público, un estricto congelamiento de las plantas de personal estatal y la prescindencia de emisión monetaria desde el Banco Central hacia el Tesoro.

Necesitará el Poder Ejecutivo, según estimaciones oficiales, corregir ese desvío de 0,7% del PBI en el que está incurriendo el sector público en su nivel de ejecución. En qué fondos se pondrá un freno de mano es una de las preguntas que todavía no respondió la nueva conducción económica. Hay algunos gastos que son más rígidos y que tienen menos margen para ser contraídos, principalmente el gasto social y jubilatorio que está indexado. Quedan así otros más discrecionales a mano, como la obra pública o las transferencias a provincias.

“Hemos citado para el día martes a todos los y las responsables de administración de ministerios para darles la programación hasta fin de año, para que conozcan las prioridades de inversión y los techos de gasto”, anticipó este fin de semana Sergio Massa por Twitter, la plataforma por la que eligió en los últimos días presentar equipo y repasar sus primeros pasos al frente del Palacio de Hacienda.

Según explicaron fuentes oficiales, la Secretaría de Hacienda va a hacer un “ordenamiento con todas las áreas de administración” que incluirá a los organismos descentralizados. El objetivo será “realizar proyecciones de crédito y cuotas” de acuerdo al nuevo techo que estime el Ministerio de Economía para lo que resta del año.

Hay una idea que Silvina Batakis no llegó a llevar a la práctica: que las distintas reparticiones del Estado solo puedan gastar de acuerdo a lo recaudado y no “a cuenta”, lo que garantiza un control más minucioso del gasto público. Parte del esquema que buscará llevar adelante Massa quedará dilucidado en la reunión que tendrá lugar este martes con administradores del presupuesto de distintas áreas del Estado.

Para esa tarea Massa puso al frente al secretario de Hacienda Raúl Rigo, que este lunes mantuvo una reunión con el ministro de Economía hasta pasado el mediodía. También estuvo involucrada, en esas conversaciones, la titular de Anses Fernanda Raverta, con quienes pasaron en limpio los números antes del anuncio del porcentaje de reajuste de jubilaciones y AUH que tendrá lugar en septiembre y el costo fiscal que tendría un bono para quienes cobran haberes.

El ministro también dio orden de acelerar la elaboración del proyecto de Presupuesto 2023, a presentar el 15 de septiembre próximo, en 40 días, trabajo que también recaerá sobre Rigo, que de hecho ya había elaborado un anticipo enviado al Congreso horas antes de la renuncia de Martín Guzmán.

El nuevo presupuesto incluirá el resultado de las discusiones de Massa con el FMI en las próximas semanas. Según aseguran, ningún tema estará fuera de esa mesa en que se discutirá más allá del 2022, desde reservas, proyecciones de inflación o financiamiento al Tesoro desde el Banco Central.

El camino fiscal que ordenó Massa incluye otros dos pasos: el primero, que se concretó hoy, fue la devolución de $10.000 millones de adelantos transitorios del Tesoro hacia el Banco Central. No es una cifra considerable, pero implica un mensaje que el ministro de Economía busca dar al mercado: que no habrá en lo sucesivo más pedidos de asistencia a la autoridad monetaria.

Otra medida que en su momento anunció Batakis y que Massa dará continuidad será el congelamiento de las plantas de personal del sector público. Incluso desde septiembre, se aseguró, el Indec pasará a informar de manera pública cuál es la dotación de empleados públicos de cada sector.

La agenda del jefe del Palacio de Hacienda continuará en los próximos días, además de con el anuncio del bono a jubilados, la oficialización y detalles del nuevo esquema de segmentación de subsidios con tope de consumo y una reunión con empresarios y gremios para acordar el pago de un bono extraordinario para trabajadores del sector privado.